Operación: Salud

radio.uchile.cl
10/08/10

El flúor es una sustancia calificada por el propio ministerio de Salud como tóxica. La Real Academia Española define al flúor como un “gas de color amarillo verdoso, con olor sofocante, tóxico y muy reactivo” y diversas investigaciones ponen en cuestionamiento los verdaderos aportes de la presencia del flúor en el agua.

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El flúor es una sustancia calificada por el propio ministerio de Salud como tóxica. La Real Academia Española define al flúor como un “gas de color amarillo verdoso, con olor sofocante, tóxico y muy reactivo” y diversas investigaciones ponen en cuestionamiento los verdaderos aportes de la presencia del flúor en el agua.

Con estos antecedentes, los diputados del PPD, Enrique Acorssi, y de la DC, Gabriel Silber, informaron que han recibido denuncias y que cuentan con los antecedentes que acreditarían una alteración en la composición del agua potable que consumen los habitantes de la Región Metropolitana por una decisión comercial de la empresa Aguas Andinas. Esto respecto, a la cantidad de flúor en el agua.

Por decisión sanitaria, en Chile al agua potable se le aplican ciertas dosis de flúor y, para ello, se basan en ciertos estándares internacionales de concentración y partes por millón.

Accorsi criticó que por una decisión comercial se esté poniendo en riesgo la salud de las personas más aún con la falta de un sistema que vigile esta materia.

“Como siempre tenemos problemas de fiscalización porque la cantidad de personas que revisan en la Región Metropolitana, que son los fiscalizadores de la Seremi tienen que cubrir este tipo de acciones y otras más. No son más de 25 personas para toda la Región Metropolitana. Hemos visto respecto del accidente del norte que hay solamente dos fiscalizadores para toda la región de Atacama. Se trata de uno de los problemas graves que tenemos a nivel del país, porque no tenemos los recursos humanos para poder hacer las fiscalizaciones y lo que estamos buscando en la nueva Ley de Presupuesto de este año tener alguna glosa especial a los Seremi de Salud para que aumente su dotación de fiscalización”, explicó el parlamentario PPD.

Las denuncias se centran en que el producto que se está usando para el agua que consume un sector de la Región Metropolitana, de alrededor de cuatro millones de personas, es ácido fluorosilícico de uso industrial. Este producto lo provee un fabricante de España y es corrosivo en alta concentración, lo que puede producir problemas graves como intoxicaciones de carácter gastrointestinal, sobre todo en los niños.

Para Claudio Lapostól, presidente de CorBioBio, Corporación privada de desarrollo que incluye a empresas, instituciones, universidades regionales y personas naturales, no se entiende que Chile no analice la situación y observe el camino que siguen los países desarrollados.

Claudio Lapostol dijo que los parlamentarios deberían preocuparse de que se revise la reglamentación aunque haya temas económicos involucrados.

“Todo su manejo y todo lo relacionado con el flúor tiene un riesgo que no tendríamos porque tomar. Además, es más caro, puede producir enfermedades. Me parece que lo que ha ocurrido y esto lo hablamos con varios ministros de Salud es que no se han puesto al día con los últimos conocimientos científicos, pero nosotros sospechamos que hay también intereses económicos fuertes detrás de esto”, indicó el experto.

Las razones para rechazar el flúor en el agua según CoBioBio incluyen:

- A nivel mundial es considerado un desecho tóxico.
- Se corre el riego de agravar patologías de diabéticos, hipertensos, cardiópatas, nefrópatas, alérgicos, con insuficiencias y de tiroide.
- Provoca fluorosis dental (defectos en el esmalte).
- Contamina el suelo, las aguas y a los seres vivos.
- Es una medida del Ministerio de Salud, que transgrede los derechos de los ciudadanos.
- Es el método más caro para prevenir las caries dentales. Tiene un costo aproximado de 240 millones de pesos al año.
- Eleva las tarifas del agua potable.
- Se propone agregar flúor a la leche que consumen los menores de 12 años, cuyo costo anual es de 130 pesos por niño.