Operación: Salud

laverdad.es
20/07/09

«Sigue persistiendo la duda más que razonable ante esta polémica y contaminada decisión»

En la crítica de los responsables de vacunaciones de la Consejería de Sanidad de Murcia al de Elvira Ramos en La Verdad cuestionando la conveniencia de la vacuna del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero hubo puntualizaciones sesgadas coincidentes con lo que afirma la industria farmacéutica.

...Siga leyendo, haciendo click en el título...


No se puede cuestionar a los firmantes del Manifiesto de los ocho mil del CAPS contra dicha vacuna, tampoco puede cuestionarse su número, son, a fecha de cuando redactamos esta carta 8.332, y cualquiera puede comprobarlo en http://www.matriz.net/caps2/declaracion/. La mayoría de las firmas provienen de mujeres, circunstancia que no deja de tener interés al tratarse la vacuna del VPH de un producto diseñado por la industria para mejorar pretendidamente la salud de las mujeres. De entre los profesionales nos encontramos con los del estamento técnico de la Salud Pública de España: catedráticos de Salud Pública, de Farmacología, de Economía, presidentes, directivas y mayoría de los miembros de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de la de Salud Pública (SESPAS).

Los que sí deben dar explicaciones son los políticos que tomaron la decisión de implantar la vacuna VPH frente a los informes negativos de los técnicos que se lanzan ahora a los medios de comunicación defendiendo los intereses comerciales. ¿Cuánto ha costado doblegarse a la presión de la industria farmacéutica? El pasado 18 de enero de 2009, Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha atrevido a desafiar a la industria farmacéutica y la acusa de anteponer el derecho al lucro a los derechos humanos. Para ganar más dinero no dudan en inventarse nuevas enfermedades y crear nuevos fármacos que son menos eficaces, más caros y mucho más peligrosos, con el beneplácito de las autoridades sanitarias y políticas. Este profesor es uno de los firmantes de la moratoria sobre la implantación de la vacuna del papiloma humano.

Además nos encontramos con que los pediatras dudan a la hora de aconsejar dicha vacuna. Dicen que la baja incidencia del virus en España no justifica la financiación pública de la medida preventiva. La limitada eficacia del fármaco, las reacciones adversas y el precio disuaden a muchas familias.

En relación con la necesidad de la vacunación en España la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer señala que el «cáncer de cervix está muy por detrás de los de colon y recto, estomago, bronquios y pulmones y que en el 80% de las afectadas nunca se había hecho una citología», y que «el 85% de las muertes por este cáncer se da en países en vías de desarrollo y que en los países desarrollados ya no constituye una amenaza seria por las campañas de diagnóstico precoz».

En nuestra Región se ha decidido vacunar a 8.500 niñas que al coste de casi 500 euros por persona supone más de cuatro millones de euros. Si a ello se añade la repetición durante unos 30 años de esta práctica la industria farmacéutica habrá vendido 120 millones de euros. ¿Hay que adoptar esta estrategia con toda enfermedad cuya tasa de incidencia y de mortalidad sea tan baja cuando la garantía preventiva no es definitiva, existiendo medidas más eficaces? La responsabilidad de adoptar una tal decisión que obligadamente limita la cobertura ante otras enfermedades es de gran envergadura. Por ello sigue persistiendo la duda más que razonable ante esta polémica y contaminada decisión.