Operación: Salud

Dsalud
07/01/10

La multinacional Pfizer ha decidido recientemente pagar ¡1.600 millones de euros! al Gobierno de Estados Unidos para librarse de los juicios que le esperaban por la promoción ilegal de varios de sus productos. Y es que la estrategia de los laboratorios farmacéuticos de llegar a acuerdos extrajudiciales cuando se ven acosados por la Justicia ha sido una constante durante los últimos años. Pues bien, desentrañamos cómo se realizan esas operaciones a la vez que recordamos algunos de los casos más vergonzosos resueltos de espaldas a las leyes.

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La noticia se conoció a comienzos del pasado mes de septiembre. Según la misma la multinacional farmacéutica que más factura del planeta, Pfizer, había llegado a un acuerdo con el Departamento de Estado norteamericano para librarse de los cargos judiciales que pesaban sobre ella por promoción ilegal de algunos de sus fármacos ¡a cambio de pagar 1.600 millones de euros! ¿La razón? Pfizer había promocionado cuatro medicamentos para usos distintos de aquellos para los que estaban aprobados. Y según ha asegurado la propia farmacéutica en un comunicado “el acuerdo da por cerrados todos los asuntos pendientes”con el Departamento de Justicia... incluida la investigación sobre el pago de “incentivos” a algunos médicos para que recetasen sus productos.

Probablemente haya sido el pacto extrajudicial alcanzado entre una administración pública y una multinacional farmacéutica de mayor monto de la historia pero desde luego no va a ser el último. En realidad es costumbre en el sector que cuando un laboratorio -o grupo de ellos- ha creado los suficientes problemas como para tener que presentarse ante la Justicia el primero prefiera llegar a un convenio preencuentro en los tribunales. Además Pfizer tiene experiencia en ello porque es reincidente en lo de infringir reiteradamente las normas ya que éste es el cuarto pacto alcanzado por la compañía en la última década. Es más, le da igual porque según declaraciones del Abogado General de Massachussets (EEUU) mientras Pfizer negociaba los anteriores acuerdos seguía realizando las mismas “malas prácticas comerciales” con otros medicamentos infringiendo la ley. Y es que se gana así tanto dinero que compensa seguir vulnerándola y luego pactar indemnizaciones. A fin de cuentas ¡nadie va a la cárcel por hacerlo!

Objetivo cumplido

Y por qué llegan los grandes laboratorios a estos acuerdos con los políticos además del hecho de que así logran escaquearse de los tribunales? Pues básicamente porque por alta que sea la cifra pactada a pagar suele ser menor que la que deberían asumir en caso de celebrarse los juicios y perderlos (que en Estados Unidos es lo que suele ocurrir). Y en segundo lugar porque así el laboratorio aparece una sola vez en la prensa por algo que socava tanto su imagen en lugar de tener que exponerse a los periodistas durante los muchos meses que, de celebrarse, dura un pleito de estas características.

Ahora bien, el caso que nos ocupa está lleno de peculiaridades. Para empezar diremos que se da la siniestra circunstancia de que uno de los medicamentos por los que Pfizer se ha visto obligada a pagar al Gobierno de Estados Unidos para evitar juicios por realizar publicidad engañosa, Bextra (valdecoxib), es de la familia de los coxib, un grupo de medicamentos “modernos” muy conocidos entre los médicos pero sobre todo entre los farmacéuticos y farmacólogos porque son especialmente peligrosos para la salud.

De hecho fue en abril de 2005 cuando las autoridades sanitarias estadounidenses ordenaron a Pfizer que retirara del mercado el Bextra por los riesgos que entraña su consumo -medida que de inmediato se tomó también en el mercado europeo- al detectar que este analgésico -consumido sobre todo por los enfermos de artritis- aumentaba el riesgo de sufrir ataques cardíacos y de apoplejía. Pero es que ya en el 2004 la multinacional Merck había retirado “voluntariamente” otro antiartrítico similar de funesto recuerdo, el Vioxx (rofecoxib), tras constatar que podía causar infartos -de corazón y cerebrales- entre sus consumidores. Hoy se sabe que fueron cientos de miles las personas que sufrieron sus trágicos efectos y es por ello difícil entender que se permitiera seguir vendiendo en las farmacias medicamentos con el mismo o similar principio activo como era el caso de Bextra... pero también el de Celebrex (celecoxib). Es más, éste -por increíble que parezca- se sigue comercializando para “aliviar el dolor”.a pesar de pertenecer a la misma familia farmacológica y que también lo fabrica Pfizer.

Claro que –y esto es importante- el acuerdo entre el Gobierno estadounidense y Pfizer lo es por la promoción ilegal de varios de sus medicamentos pero no por los daños que pueda haber provocado Bextra en la salud. Cuando su fórmula, insistimos, es básicamente la misma que la del Vioxx (este fármaco se lanzó al mercado en Estados Unidos en 1999, fue comercializado en más de 80 países y sus ventas a nivel mundial llegaron en el 2003 a 2.500 millones de dólares de facturación). Así que cabe preguntarse por puro sentido común cuándo se decidirán las autoridades sanitarias de una vez a ir más allá de los pactos extrajudiciales y promover pleitos por los daños en la salud que provocan los fármacos.

Porque aunque la prohibición del preparado de Merck puso en el punto de mira a Celebrex éste no se retiró. En España la Agencia Española de Medicamentos -que parece estar al servicio de la industria farmacéutica aunque se supone que está para proteger a los ciudadanos- se limitó a emitir en diciembre de 2004 una nota “desaconsejando” su uso en personas con problemas cardiacos pero sin retirarlo. Y eso que el Vioxx, medicamento de la misma familia comercializado como la superaspirina para la artritis, la artrosis y el dolor agudo, multiplicaba al menos por dos el riesgo de sufrir infartos de miocardio y cerebrales (un reciente estudio de la FDA –la agencia de medicamentos de Estados Unidos- indica que lo triplicaba incluso). ¡Y su fabricante lo sabía! Había llegado a esa conclusión tras realizar el ensayo APROV -siglas en inglés de Prevención de Pólipo Adenomatoso con Vioxx- pero se lo ocultó a la FDA para poder comercializarlo (las agencias del medicamento, como la estadounidense o la europea, no realizan aunque parezca mentira estudios independientes sobre los fármacos para los que los laboratorios les solicitan licencia, se limitan a revisar la documentación que sobre ellos les presentan los fabricantes.

Bueno, pues la FDA calculó que por la ingesta de Vioxx se produjeron 27.000 infartos y muertes súbitas desde 1999 hasta su retirada... ¡sólo en Estados Unidos! Cifra que un estudio posterior de David J. Graham -director asociado de la Oficina para la Seguridad de Medicamentos de la FDA- elevaría bastante.

Indemnizaciones extrajudiciales

Como ya es sabido una vez se retiró del mercado el Vioxx –en el 2004- comenzaron a celebrarse en Estados Unidos los primeros juicios producto de las demandas que interpusieron contra el laboratorio los familiares de las víctimas y Merck comenzó a perder los pleitos y a tener que pagar indemnizaciones millonarias. Así que -una vez más- decidió “zanjar el asunto” por vía extrajudicial comprometiéndose a pagar 3.400 millones para las víctimas o sus familiares si éstos retiraban las demandas individuales. Y es que aunque había ganado algunos juicios en ese momento había alrededor de 26.500 litigios pendientes. Eso sí, como ya es costumbre en este tipo de pactos la farmacéutica no admitió su culpa ante ninguno de los demandantes que, asesorados por sus abogados, terminarían por aceptar el acuerdo. El consejero delegado de Merck, Richard Clark, aseguraría que el pacto fue “bueno y responsable” y “permitirá a la compañía concentrarse más en su misión de investigar, desarrollar y llevar al mercado nuevas medicinas y vacunas” (sic).

Bien, ¿y cree el lector que algo así perjudica de verdad a las multinacionales? La respuesta la daría un periódico económico el día siguiente: “Las acciones de Merck se vieron premiadas ayer por los inversores en una Bolsa en la que abundaban los números rojos. A media jornada subían un 4,6% aunque terminó la sesión con una subida del 2,4%”. Y el diario continuaba diciendo: “Merck había optado inicialmente por una estrategia arriesgada ya que había decidido acudir ante los tribunales y no pactar. Los analistas calcularon entonces que debería hacer para ello una provisión de fondos de unos 10.000 millones de dólares para gastos de litigios e indemnizaciones. Sin embargo el primer juicio lo perdió y la condena incluía el pago a la viuda de una víctima de 253,5 millones que fueron luego rebajados a 26. Merck continuó en los tribunales y ganó la mayor parte de los casos importantes pero ahora los analistas dicen que hizo bien”. Y es que el laboratorio se enfrentaba a demasiadas demandas y no quiso tentar a la suerte por lo que tras tres años de juicios finalmente pactó.

Spain is different

¿Y en España? Pues aquí se preparan ya nuevas acciones legales contra la multinacional Merck por parte de los afectados del Vioxx. De hecho el bufete Oria, Peña, Pajares y Asociados ya ha presentado en los tribunales dos demandas contra Merck. Y hace unas pocas semanas el bufete del letrado Fernando Osuna recurrió la sentencia en contra por un caso muy documentado de Vioxx ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y es que en España Merck está manteniendo una actitud agresiva como se demostró en el juicio ahora recurrido en el que utilizó una especie de “presión estética”, una puesta en escena espectacular en el juzgado al que llevó un equipo enorme de peritos que alargaron el proceso en extremo tras negarse de plano a llegar a acuerdos extrajudiciales. Veremos en todo caso lo que ocurre en el futuro pues la ciudadanía ha perdido el miedo a demandar a las grandes empresas farmacéuticas. “En el juicio sobre un caso de daños a la salud de una persona provocados por el Zyprexa, medicamento de Eli Lilly, la compañía estadounidense también dejó claro que no tenía intención de llegar a acuerdos extrajudiciales. Y es que Spain is diferent, vaya”, argumenta Román Oria.

Algo similar ocurre con la farmacéutica Sanofi Aventis: no quiere saber nada de acuerdos extrajudiciales. A pesar de que en los juzgados españoles hay ya cerca de 250 demandas presentadas contra la empresa por los graves daños a la salud causados por su fármaco Agreal y de que los equipos de abogados antes mencionados, que en este caso trabajan juntos, representan ya en los tribunales a más de 1.000 afectadas por este medicamento. Y de que tanto estos bufetes como el de Felipe Holgado -que también lleva demandas por afectadas del Agreal- han conseguido ya varias sentencias favorables e indemnizaciones para las mujeres que demandaron a la multinacional. Es decir, hay ya jueces que han vencido el inconfesable temor que les producen las grandes empresas -algo que no pasa en Estados Unidos- y han emitido sentencias en las que dejan claro lo que todo el mundo sabe y se reconoce en juzgados extranjeros sin tantos miramientos: que el Agreal incitaba al suicidio, provocaba adicción y causó graves daños en el sistema nervioso de muchas consumidoras, mujeres en la etapa de la menopausia en su mayoría.

El precedente de Neurotin

Cuando la multinacional Pfizer adquirió el laboratorio Warner-Lambert un ex directivo de la empresa recién comprada, el doctor David Franklin, denunció a la compañía compradora por promocionar su fármaco Neurontin para más de una docena de patologías para las que no estaba aprobado. La gabapentina, principio activo de ese medicamento, está permitida por la FDA para el tratamiento de la epilepsia y los dolores neuropáticos pero Pfizer decidió promocionarlo también para patologías tan dispares como las crisis maniacodepresivas, el déficit de atención, las migrañas, el trastorno bipolar, el síndrome de piernas inquietas o el síndrome de abstinencia.

La conocida organización estadounidense de defensa del consumidor Public Citizen aseguraría que se elaboró para ello una lista de médicos dispuestos a recomendar la gabapentina para usos no autorizados en cenas, reuniones de consultores, seminarios educativos e, incluso, a través de teleconferencias. Según explicó la asociación en su boletín -Worst Pills, Best Pills- los médicos cobraban entre 250 y 3.000 dólares por acto asegurando que algunos llegaban a ganar más de 10.000 dólares al año.

Pfizer terminaría siendo multada por ello con 430 millones de dólares por utilizar información falsa y/o manipulada sobre Neurontin y promocionarlo para dolencias no aprobadas. Sólo que no les importó. El negocio compensa. Se calcula que en un solo año Neurontin hizo ingresar a la compañía 2.700 millones de dólares descubriéndose que el 90% de las recetas no correspondían a ninguna de las dos indicaciones aprobadas por la FDA. ¿Que a los enfermos se les está engañando y probablemente dañando por los efectos secundarios del fármaco? ¿A quién le importa? Si se tiene el dinero suficiente -y Pfizer al parecer lo tiene- se pagan las multas o se enfrentan acuerdos extrajudiciales.

Esta estrategia de promocionar fármacos para usos ilegales -si te pillan pagas la multa y ya está- puede parecerle a muchos lectores incomprensible pero se explica porque se da la paradoja -por no utilizar otra palabra más dura- de que en Estados Unidos las compañías no pueden promocionar sus fármacos más que para las enfermedades para las que tienen el visto bueno de la FDA pero los médicos pueden prescribir cualquier fármaco para tratar cualquier enfermedad, esté o no oficialmente indicado su uso en ella.

La multinacional de marketing farmacéutico IMS Health -que también opera en España- recoge en uno de los documentos estadísticos que oferta sobre Neurontin -al que hemos tenido acceso- datos sobre las veces que los médicos españoles recetaron ese fármaco durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2002 en enfermedades para las que no está indicado. Y pese a que la propia IMS Health tiene clasificado como antiepiléptico el Neurontin en la base de datos de la compañía aparece recetado para otras muchas dolencias, casi todas ellas relacionadas con problemas psíquicos o psicológicos: depresión -y eso que la propia ficha técnica del fármaco afirma que uno de los síntomas adversos observados durante los ensayos clínicos que hizo Pfizer era precisamente el de depresión-, trastorno bipolar, trastornos nerviosos, fobias, adicción al alcohol o a la cocaína e, incluso, para tratar ciertos herpes o diabetes. Y toda esa información, insistimos, la obtiene IMS Health de las recetas que extienden los médicos. Pero de nuevo Spain is diferent y aquí no se multa a ninguna compañía por ello. ¿Cómo se va a llegar entonces a acuerdos extrajudiciales?

En crisis por Lipobay

Otro caso conocido de muertes tras el consumo de un medicamento y pacto extrajudicial ad hoc fue el de Lipobay, un medicamento anticolesterol fabricado por Bayer. Su principio activo era la cerivastatina que en combinación con gemfibrocilo resultaba mortal. Los fallecimientos se produjeron por colapso renal como consecuencia de la destrucción de tejido muscular o rabdomiólisis. Ocurrió en 2001 y tras el escándalo Bayer entró en crisis. Las decenas de muertes provocadas por el fármaco y el descubrimiento de sobrefacturación en Estados Unidos por otros preparados pusieron en peligro financiero a la casa y sus principios fueron cuestionados en todo el mundo. Los investigadores del Gobierno norteamericano descubrirían luego que Bayer había aumentado durante años el precio de decenas de fármacos financiados por la sanidad pública y la empresa tuvo que desembolsar 230.000.000 euros tras negociar la situación con la Administración estadounidense.

Es difícil saber cuánto le costó exactamente a Bayer “resolver” este caso. Por entonces se especulaba que pactar extrajudicialmente podría suponerle a la casa alemana unos 5.000.000.000. En marzo de 2004 Bayer llevaba pagados en juicios 690 millones de euros y había acordado con varias compañías aseguradoras que le cubrieran gastos por valor de 967 millones... pero todavía tenía pendientes ¡9.948 demandas!

Uno de los abogados de las víctimas, M. Watts, declararía con rotundidad: “El jurado ha visto documentos de una compañía que sabía que sus medicamentos mataban a la gente y que de todas formas decidió seguir adelante matando personas por obtener ganancias de miles de dólares”.

Durante los años ochenta y noventa del pasado siglo XX -con repercusiones mortales ya entrada la primera década del 2000- se produjo en España una masiva contaminación con virus de la hepatitis C y del VIH porque las bolsas de sangre que se administraron a un amplio grupo de hemofílicos estaban contaminadas. Murieron por ello al menos 1.600 personas y el escándalo implicó a varios laboratorios fabricantes de plasma sanguíneo -y otros hemoderivados- así como a altas instancias de la Administración española que se vio obligada a aprobar indemnizaciones que se plasmaron en el Real Decreto-Ley 9/1993 de 28 de mayo. El estado concedió por ello una ayuda de 60.101,21 euros por afectado y una cantidad igual al salario mínimo interprofesional cada mes hasta la muerte de los infectados sin solución. Y como ya se sabe que la salud y la vida de un español no vale lo mismo que la de un estadounidense Baxter, el laboratorio más implicado ya que comercializaba el hemoderivado más utilizado entonces, ofreció apenas 24 millones de euros a las 1.350 familias de los hemofílicos fallecidos -el 96% del total- como “compensación” para evitar la demanda caso por caso, algo que hubiera sido mucho más costosa para la compañía. De ahí que el Director General de Baxter afirmara que había sido un acuerdo “muy satisfactorio” para “todas las partes implicadas”. Hasta contó con el beneplácito de la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo), asociación que en teoría representaba los intereses de este colectivo pero que en la práctica recibía dinero del propio laboratorio.

Los entresijos de un acuerdo extrajudicial

Algunos detalles de cómo se llevan a cabo este tipo de acuerdos extrajudiciales los conoceríamos años después, en parte gracias a las declaraciones de Josefa Lorenzo, madre de Miguel Ángel, uno de los muchachos hemofílicos fallecidos por la contaminación de su sangre. Fedhemo puso en contacto a los afectados con un conocido abogado estadounidense, Michael Repiso, que se ofreció a representarles y a pedir un millón de dólares para cada víctima pero a un solo laboratorio (la insistencia en reclamar sólo a una de las corporaciones es importante como veremos a continuación).
¿A cuál? Pues a Baxter que inmediatamente se avino a negociar a diferencia de los demás laboratorios implicados: Grifols, Landerlan y Cutter. Así que Repiso les dijo -a las víctimas o a sus familiares- que iba a pedir un millón para cada uno y en lugar de dinero sólo cobraría una comisión del 33% sobre lo que lograra sacar. La condición es que firmara todo el colectivo de víctimas. Convencidos de que el abogado presionaría al laboratorio porque cuanto más lograra más se llevaría él éstos aceptaron. La sorpresa vino cuando a los dos años éste les comunicó que había llegado a un acuerdo con la empresa y la cifra a percibir por infectado, vivo o muerto sería de sólo 18.030,36 euros, ridícula cantidad de la que la tercera parte además le correspondía a él.

“Nosotros nos negamos a firmar -nos diría Josefa Lorenzo- pero el 96% de los familiares rubricó el acuerdo”. Es decir, sólo el 4% se negó a estampar su firma. Bueno, pues según Josefa las llamadas de Michael Repiso a su casa a partir de ese instante fueron constantes y asegura que el abogado americano les advirtió de que si no firmaban “lo iban a pasar muy mal”. Así que ante la “terquedad” de los familiares que querían llegar hasta el final en su búsqueda de responsabilidades Michael Repiso recurrió al bufete del ex presidente del Senado José Federico de Carvajal en el que trabaja también su hijo Pablo. Y ambos bufetes, de forma conjunta, volvieron a presionarles, incluso en la propia oficina de Juan Menéndez-Tolosa, jurista que se ha encargado de la defensa de varios afectados. “En el despacho desde el que le hablo –nos diría éste- intentaron convencerme para que me olvidara del tema de los hemofílicos. El ex presidente del Senado llegó a decirme que me iba a demandar. Y añadiría: “Como el trato que hizo Repiso con los laboratorios Baxter fue de 18.030 euros por fallecido y su minuta era del 33% él obtuvo con la negociación 8.113.600 de euros”. En otras palabras, las víctimas o sus familiares cobraron gracias a la gestión de Michael Repiso doce mil euros cada uno y el negociador se quedó con más de ¡ocho millones de euros!

Quisimos recoger la versión del bufete de Federico y Pablo de Carvajal... sin éxito. No obstante, la revista Interviú cubrió en su día la reunión en la que estuvieron presentes Carvajal y Repiso y éstos tampoco quisieran realizar declaraciones.
Cabe añadir que al final las relaciones entre Repiso y Fedhemo tampoco terminaron bien pues ésta despidió a su abogado “por no cumplir con la tarea encomendada” según explicación de Dacio Villacé, uno de los portavoces de la federación.

En suma, si es usted víctima de un laboratorio asegúrese bien de la ética de los abogados que contrate.